Por: Emilio González Larrea
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Suicidios. La crisis que viven los establecimientos carcelarios y centros de minoridad bonaerenses se manifestó agudamente en esta institución matancera alrededor de fin de año, con el intento de suicidio de dos jóvenes y la autolesión de otros diecinueve. La situación es de tal gravedad que, además, llevan cerca de 10 días sin agua potable para el consumo. Dicho centro de detención juvenil está ubicado a la altura del Km 42 de la Ruta N°3 en Virrey del Pino y vive una situación de virtual colapso.
Insuficiencia de personal y vaciamiento
Los trabajadores denuncian que a partir del cambió de la dirección, hace un mes y medio, el actual director es Jorge Irurieta , hubo traslados de cinco trabajadores a otro dispositivo, era personal importante que cumplía distintas funciones, algunos dentro del equipo técnico como un psicólogo y un operador en adicciones, así como asistentes de minoridad. Esa medida redujo más, el ya insuficiente personal, debilitando el trabajo con los jóvenes. Las guardias de asistentes son mínimas, hay 4 por guardia, cuando se requieren 10 personas como reclaman los trabajadores. Solo hay una trabajadora social y una psicóloga para atender a los 56 pibes que están internados. La escuela funciona irregularmente, hay clases cada quince días y se han caído los talleres socio- educativos, solo funciona uno de salida laboral, dos veces por semana.
Autolesiones e intentos de suicidio
A fin de año hubo dos jóvenes que intentaron suicidarse y 19 que se autolesionaron, algunos con heridas profundas, por lo cual fue necesario trasladarlos al hospital. Los dos jóvenes que intentaron suicidarse fueron encontrados colgados, desvanecidos, lo que motivó un traslado de urgencia al hospital. Finalmente, quedaron alojados en la Unidad Penitenciaria Nº34 de adultos.
Un Integrante del equipo técnico con quien pudo hablar NCO, manifestó que “esto tiene que ver con la cantidad de tiempo que pasan en su habitación sin hacer nada, ociosos, sin actividades ni personal que los pueda asistir. Las condiciones sanitarias son muy malas. Los jóvenes conviven con la suciedad, caños tapados, cucarachas, ratas, etc. A pesar de que la directora del Organismo de Niñez y Adolescencia, Pilar Molina, estuvo antes de fin de año y recibió las demandas de los jóvenes, no hemos tenido ninguna respuesta”.
Esta situación motivó una denuncia judicial por parte de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ante el Juzgado de Garantías Nº1 de La Matanza por “el régimen de vida al que son sometidos los jóvenes alojados en el centro cerrado de Virrey del Pino, que pertenece al Organismo de Niñez provincial”.
Cárcel juvenil o institución de niñez
La CPM también denuncia que “el régimen de vida en este Centro se ha ido agravando a partir del corrimiento del Organismo de Niñez bonaerense y el traspaso del control al Servicio Penitenciario Bonaerense, primeramente de la seguridad exterior y en la actualidad del funcionamiento interno, provocando la carcelización del establecimiento”.
Lo mismo sostienen los trabajadores que han denunciado en reiteradas oportunidades el avance de la presencia del servicio penitenciario (SPB) en la vigilancia y custodia de los jóvenes y la reducción del personal que hace el trabajo de asistencia y socio-educativo. Agregan que “en el caso de los trabajadores se revela una actitud de represalia, debido a que nos hemos organizado; realizamos asambleas y reclamamos por las mejoras necesarias tanto a lo que hace a nuestras condiciones de trabajo como las de detención de los pibes, para poder trabajar por su recuperación. Por eso nuestro principal reclamo es más personal capacitado para trabajar en esta área tan vulnerable y compleja que es la niñez de los sectores populares. En la demanda de personal es necesario equipos técnicos, asistentes de minoridad y también políticas públicas como becas de estudios, proyectos educativos, culturales y de formación, es decir, mayor inversión en estas instituciones que cada vez están más abandonadas”.
La campaña por la baja de la edad de imputabilidad
En los últimos años se ha desarrollado por parte de algunos sectores reflejado en los principales medios de opinión monopólicos, una campaña para juzgar y encarcelar a menores cada vez más jóvenes, llevando la edad a 16 años, con el argumento del aumento de la delincuencia de los menores.
Cabe destacar que de los casi 36.000 detenidos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, solo 624 son jóvenes, es decir 1,73%, una ínfima minoría. Por lo contrario ha crecido el número de menores detenidos en las comisarías. La CPM en su informe anual de 2017 “sobre lugares de encierro y políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires”, denuncia detenciones arbitrarias de niños, niñas y adolescentes entre 8 y 17 años y el uso de dependencias policiales para su alojamiento, sin comunicar “a los órganos de la ley de promoción, protección y defensa del fuero de responsabilidad penal juvenil” y “falta de intervención oportuna de los organismos de niñez” (páginas 63 y 64).
Preguntados algunos trabajadores sociales que están en la trinchera en los barrios, si ha aumentado la delincuencia entre los menores, responden que no tienen esa percepción y que si se diera, habría que ver las causas del fenómeno. Para los profesionales “los jóvenes viven en una situación de vulnerabilidad en las barriadas por el consumo de drogas, desocupación en los hogares, ociosos en las esquinas por falta de proyectos educativos y culturales que atienda su situación; a los lugares de encierro llegan pibes que no saben leer ni escribir, con problemas de salud mental, etc. Muchas veces atrás de la droga o la delincuencia juvenil están las mafias o algunos sectores de la policía y también adultos que por detrás los usan porque son menores y pueden salir fácilmente. Hay que atacar esos grupos que usan a los menores para el delito”, afirman.
