La Vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad del Congreso visitó CEMEFIR

Gabriela Troiano, diputada nacional por el Partido Socialista, estuvo en CEMEFIR y se reunió con los trabajadores del centro de salud, conversó sobre la situación del mismo y se comprometió a ayudar para garantizar la continuidad de su funcionamiento en el edificio de Perú 2433.

Aprovechamos para conversar con la legisladora acerca de las políticas del gobierno de Macri en relación a las personas con discapacidad.

Por Emilio González Larrea

¿Qué balance hace de esta reunión con los trabajadores de CEMEFIR?

“El balance es muy positivo. Pudimos charlar y coordinar acciones en relación a los avances que han realizado. En una visita anterior me había reunido con ellos y habíamos visto la posibilidad de hablar con algunos diputados de la zona para que presenten proyectos de expropiación, que en definitiva se hizo, se presentaron dos; si bien no se aprobó la expropiación, salió una declaración de suspensión del remate por 180 días, lo cual es un avance para trabajar por la solución definitiva que es la expropiación.

Ahora estamos en un momento importante porque se va a definir el presupuesto de la provincia y el costo de la expropiación debe ser incluido en el mismo. Además se va a volver a tratar en la próxima sesión del Consejo Deliberante, lo que demuestra el interés que existe para que esta institución de salud siga garantizando la atención a los más vulnerables de La Matanza y de otros distritos que se atienden aquí. Me resultó totalmente gratificante ver el compromiso que tienen los trabajadores con la institución y la salud de los pacientes”.

El gobierno de Macri disolvió los dos organismos que se encargaban de las personas con discapacidad y de las pensiones asistenciales y creó un organismo nuevo, la AND (Agencia Nacional de Discapacidad). ¿Qué implica esto y qué cambios va traer en las políticas de discapacidad?

“No hay nada concreto. No se ha informado la fecha de inicio de la actividad del organismo pero se disolvieron dos organismos: la CONADIS que atendía las discapacidades y el de las Pensiones Asistenciales que dependían de la presidencia de la Nación. Desconocemos que se va a hacer en este terreno, por nuestra parte hemos planteado que el director de este nuevo organismo, sea una persona idónea y con discapacidad y que se elija a través de un llamado a concurso. En el mismo decreto presidencial se crea el Instituto Nacional De la Mujer y quien lo dirija, será una mujer, por lo tanto exigimos que el de discapacidad lo dirija una persona discapacitada. Estamos muy preocupados, porque están paralizados todos los expedientes que atendían los organismos disueltos. Por otro lado no se están otorgando pensiones nuevas. Se sigue exigiendo los mismos requisitos de ser persona indigente para otorgárselas, es decir si tienen un auto- que a veces es preparado para desplazarse- , una casa o un familiar que trabaja, no la reciben o les demoran los trámites, pidiéndoles más estudios a esas personas necesitadas. Vivimos una situación de gran incertidumbre, estamos en estado de alerta ya que hace casi dos años que está este gobierno y no ha salido ningún proyecto que tenga que ver con mejorar la situación de las personas con discapacidad como podría ser la instalaciones de plazas especiales o combis para las instituciones que atienden discapacitados u otros proyectos que habíamos presentado, como es el caso de la lectura para las personas de baja visión o sordas, se patea la pelota para adelante pero no se resuelve situaciones concretas”.

¿Por qué este cambio?

“Estamos absolutamente desconcertados con esta nueva medida. La semana anterior de tomar esta resolución estuvo el presidente de la CONADIS en la Comisión de Discapacidad de la cámara de diputados y no informó nada sobre esto. Por lo tanto no conocemos cuál es el objetivo de esta medida del gobierno, una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen, en la práctica está todo paralizado, lo que configura una situación terrible para los sectores más vulnerables de la sociedad que son las personas con discapacidad”.

¿Qué pasó con las personas que les habían sacado o recortado las pensiones por discapacidad, pudieron recuperarlas?

“Parcialmente. Se recuperaron algunas que fueron sacadas en el 2017, ninguna del 2016. De las 83.000 que sacaron en el año 2017, solo 10.000 se recuperaron. La asociación REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad) es una institución que hace muchos años que trabaja en la defensa de las personas con discapacidad, hizo una presentación a la justicia que tuvo un fallo favorable por parte de la jueza Adriana Camaratta, titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 8, para que se restablecieran las pensiones en forma inmediata y el gobierno lo apeló. A pesar de la declaración pública que hizo la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley que iban a realizar la devolución integral de esas pensiones. La apelación realizada por el gobierno revela que no están cumpliendo con lo prometido”.

Dentro del presupuesto nacional para el próximo año, ¿cuál es la parte asignada para ejecutar las políticas sobre la discapacidad?

“No hay presupuesto asignado para esto en el proyecto de presupuesto nacional que ingresó la semana pasada al Congreso Nacional, no está considerada para nada la Agencia Nacional de Discapacidad. En el decreto que la crea, el 698/2017 plantea que son los mismos fondos que venían de antes, pero en el Congreso no disponemos de un informe concreto de cuánto es lo asignado. Solo han suspendido los organismos anteriores y no han dado ninguna definición de este nuevo que han creado ni cuándo va a funcionar. Han generado un vacío jurídico y no explica el gobierno como lo va a solucionar”.