La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, dijo hoy que las coimas por 35 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht admitió haber pagado en la Argentina, “sin ninguna duda, están concentradas en el ex Ministerio de Planificación Federal”, y agregó que el ex jefe de esa cartera, Julio De Vido, “no podía ser ignorante de lo que sucedía en la órbita de su ministerio”.
Laura Alonso; “Las coimas que reconoció haber pagado Odebrecht son del período 2007-2014, cuando gobernaba la administración anterior y se concentraron en el ex Ministerio de Planificación Federal. Por versiones periodísticas parecería que el ex ministro está mencionado a través de un apodo. El ministro de Planificación no podía ser ignorante de lo que sucedía en la órbita de su Ministerio”, afirmó Alonso en declaraciones a radio Mitre.
La funcionaria señaló que en la OA creen que las coimas debieron ser mayores a los 35 millones de dólares admitidos por Odebrecht, monto que la empresa aportó ante la justicia de Estados Unidos. “(Las coimas), sin ninguna duda, están concentradas en el ex Ministerio de Planificación Federal. Ya hay varios contratos de esa época que están siendo investigados en la Justicia. A los investigadores de la Oficina Anticorrupción les parecen demasiado poco 35 millones de dólares en el mercado de coimas”, planteó.
Consultada sobre el rol de la empresa Iecsa, que fue propiedad de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, y que obtuvo, asociada, con Odebrecht, la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, Alonso aseveró que no hay mayores indicios en contra de la firma. “Hay una investigación en la que esta empresa (Iecsa) podría estar, o no, vinculada. La que ha reconocido el pago de las coimas es Odebrecht, y Odebrecht no mencionaría a otra empresa en este entramado de corrupción”, sostuvo la ex diputada.
Alonso reclamó que el Congreso sancione la ley de responsabilidad penal para las empresas que hayan participado en actos de corrupción, norma que consideró fundamental para que los hombres de negocios involucrados en hechos de ese tipo aporten información.
“La discusión parlamentaria es importante. Hay legisladores de la oposición que han hablado de la corrupción, han hecho campaña electoral contra la corrupción y ahora parece que no quieren votar la ley que responsabiliza a las empresas por la corrupción.
Tienen que salir de los lugares donde están escondidos para sentarse en las próximas semanas para darle media sanción a una ley importantísima para la Argentina. (La norma otorga) el incentivo de colaborar con información a cambio de una reducción en la sanción y en la multa que se tenga que pagar”, explicó la titular de la OA.
Alonso insistió en su pedido por a los legisladores nacionales. “La Argentina tiene un déficit global. No se puede firmar un acuerdo de cooperación de tipo judicial, porque no hay ley de arrepentido empresario, ley penal de responsabilidad empresaria en la corrupción. El Presidente envió un proyecto en octubre de 2016 y creemos que la Cámara de Diputados lo debe aprobar, porque va a posibilitar que las empresas que participen en actos de corrupción colaboren con la Justicia para asumir su responsabilidad pagando las multas”, sentenció.
Para Alonso, “sectores minoritarios” no quieren que se avance en las investigaciones sobre corrupción. “Hay un sector del sistema político, judicial y empresarial que preferiría hacer borrón y cuenta nueva y que en la Argentina no se investigue nada”, evaluó, aunque aclaró que se trata de “un sector minoritario, bastante desconectado de lo que la mayoría de la sociedad quiere, que es saber la verdad y no volver a repetir la corrupción del pasado”.
