La feroz campaña de desprestigio a que fueron sometidos los políticos estos últimos años, especialmente aquellos que osaron apoyar un proyecto nacional y popular y la notable contribución que hicieron a esa deleznable causa los propios políticos, ya no sólo de ese espacio, sino de todos los partidos en general, hizo que buena parte de la ciudadanía, más acostumbrada a receptar sin chistar el discurso mediático, que a someterlo al análisis de su propio juicio crítico, se convenciera de que la corrupción que nos agobia, no desde los últimos años, sino desde los mismísimos tiempos del Virreinato, no anida en todos los estamentos sociales y en todas las profesiones y oficios, sino que es patrimonio exclusivo de la política.
Por Francisco J. Martínez Pería. Abogado
fjmartinezperia@gmail.com
Segura de ello y sin reparar demasiado en su cuota de responsabilidad en ese estado de cosas, una mayoría ajustada, pero mayoría al fin, no tuvo mejor ocurrencia que elegir al prócer empresario que prometía salvar la República, secundado por el “mejor equipo de los últimos cincuenta años. “ No tuvo en cuenta, para ello, que, mientras la política es, por lo menos en teoría, una actividad cuyo objetivo principal es el bien común, el lucro privado es el fin casi exclusivo que moviliza a los empresarios, sean éstos accionistas o gerentes. Hay que reconocer, en descargo de desprevenidos votantes, que son precisamente los empresarios los que pagan las publicidades con las que lucran los medios de comunicación. Ese pequeño detalle, en el que mucha gente no repara, entre otras cosas porque nadie lo señala, hace casi imposible encontrar periodistas u opinadores mediáticos que denuncien la corrupción empresaria, que es por lo menos, tan grave como la política y cuyas nefastas consecuencias siempre terminan recayendo sobre el pueblo, como ahora.
Ni que hablar de las denunciantes seriales que nunca ejercieron un cargo ejecutivo donde hayan probado con hechos y decisiones comprometidas su equilibrio, eficacia y honestidad en el ejercicio del poder y que parecen concentrarse exclusivamente en la crítica a los políticos populistas, especialmente si son de su mismo género, pero que jamás encuentran ni una pizca de corrupción en ninguna otra parte y si, excepcionalmente llegan a hacerlo, no pierden la oportunidad de vincularla, de la manera que sea, con el gobierno anterior. Permítaseme pensar, al respecto, que no hay mayor deshonestidad que la que comete la gente que se pretende decente y que la manifiesta parcialidad en el ejercicio de su actividad denunciadora es la prueba más concluyente de la profunda perversidad de sus actos.
Instalada ya la ceocracia en el poder, con la histórica complicidad de los principales medios de comunicación y por un garrafal error de aquellos que por ignorancia o ingenuidad desatendieron todos los antecedentes que tenían a su alcance y desoyeron todas las voces que se lo anunciaban, el “mejor equipo de los últimos cincuenta años”, en un permanente y generalizado estado de conflicto de intereses, se ha dedicado, con verdadero ahínco, como era de esperar, a acrecentar sus negocios privados y a provocar una descomunal transferencia de recursos de los ciudadanos comunes a las corporaciones de los que son dueños o empleados, mientras no han tomado una sola medida a favor de sus desilusionados y arrepentidos votantes. Alguien puede sorprenderse entonces por lo que acaba de pasar con el Correo Argentino, cuando cualquier persona medianamente informada podía saber lo que había ocurrido antes? Eso sí, había que tomarse el trabajo de informarse.
Tal vez haya solamente dos cuestiones de la que sorprenderse en esta nueva experiencia neoliberal que está padeciendo la Argentina. La primera, que los ejecutores de esta política nefasta hayan llegado al poder por el voto popular, cuando antes tuvieron que imponerla feroces dictaduras o un peronismo miserablemente transvestido y la segunda, el grado de descaro y grosería con que se han impuesto medidas que nunca hubieran sido votadas de haber sido expuestas honestamente.
