Represión a Mapuche. Pablo Pimentel, Nora Cortiñas y otros dirigentes de Derechos Humanos viajaron a poner un cese a los brutales operativos de las fuerzas de seguridad y a exigir la liberación de los detenidos. Responsabilizan al presidente Macri, al gobernador Das Neves y a la ministra Bullrich.
Por Valeria Virginia Villanueva
villanueva.valeriavirginia@gmail.com
La APDH La Matanza, Asociación de Ex detenidos-desaparecidos y Abuelas de Plaza de Mayo entre otros organismos de Derechos Humanos se hicieron presentes en Chubut tras la brutal represión de los últimos días -primero con balas de goma, luego de plomo con heridos graves- sobre la comunidad del Pu Lof en Resistencia de Cushamen.
Con el fin de frenar la extrema violencia estatal contra los pueblos originarios y exigir la libertad inmediata de los tres mapuche miembros de la comunidad -que aún el fin de semana permanecían detenidos y heridos desde los tres ataques-, la comisión logró entrevistarse el viernes con el Juez Guido Otranto y que se comprometiera a liberarlos.
Así lo informaron desde APDH La Matanza, cuyo presidente Pablo Pimentel viajó junto a Nora Cortiñas, abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y referentes de la Cordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), entre otros.
Macri, Bullrich y Das Neves responsables
“Recordamos que la violencia inescrupulosa estuvo en manos de la Gendarmería Nacional y la Policía provincial, que fue en el departamento de Cushamen, que los responsables políticos son el Gobernador Mario Das Neves, la Ministra Patricia Bullrich y el presidente Mauricio Macri”, manifestaron desde la APDH local.
En particular, reafirmaron que “la lucha es el legítimo reclamo por la tierra, un reclamo postergado desde siempre” y que “ningún Gobierno respondió nunca al cumplimiento de la ley” sino “a intereses foráneos como son los de Benetton, Lewis y tantos millonarios a los que se les abre la puerta de nuestros territorios con total impunidad”.
En el mismo sentido se expresaron desde la Asociación de Abogados de Derecho Indígena, la Comisión Provincial por la Memoria, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen y el CELS, quienes presentaron un petitorio a la cartera bajo la dirección de Bullrich.
En el documento solicitan “la adopción de medidas urgentes de protección, investigación y sanción respecto a lo ocurrido en la comunidad mapuche y los hechos graves de represión, criminalización y hostigamiento de los que son víctimas sus integrantes” y “que se abran canales de solución política del conflicto territorial”.
En tanto, el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, recordó que “a mediados del año pasado el Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina planteó la situación de las comunidades Mapuches en la cordillera como un problema de seguridad y una amenza. Esto es lo que habilita al gobernador Mario Das Neves a un ataque tan brutal contra la comunidad”.
