La Universidad de Buenos Aires expresó su extrema preocupación por el proyecto impulsado por el Gobierno, que prevé fuertes recortes para la salud universitaria, la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario y una nueva pérdida salarial para docentes, no-docentes y científicos.
Por Florencia Belén Mogno
El debate en torno al financiamiento de la educación superior volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública a partir de la discusión del Presupuesto Nacional para el próximo año en Argentina. En un contexto de restricción del gasto público, las universidades nacionales advirtieron sobre el impacto que las proyecciones presupuestarias podrían tener en su funcionamiento cotidiano y en el sostenimiento de áreas estratégicas.
La combinación entre aumentos insuficientes, inflación acumulada y pérdida del poder adquisitivo de los salarios configuró un escenario de fragilidad institucional. Este panorama afecta a las tareas de enseñanza e investigación, y también a servicios esenciales que dependen del sistema universitario y que cumplen un rol clave en la vida social.
En ese contexto y según la información a la que accedió Diario NCO, la Universidad de Buenos Aires manifestó su extrema preocupación por el proyecto de Presupuesto Nacional impulsado por el Gobierno, a través de una resolución aprobada por su Consejo Superior.
En el documento, la institución advirtió que sus hospitales universitarios recibirían en 2026 un 30 por ciento menos de presupuesto que en 2025, según el dictamen parlamentario en tratamiento.
Un escenario de ajuste para la universidad pública
Desde la UBA señalaron que la propuesta presupuestaria profundizó un escenario de ajuste que afectó de manera directa el funcionamiento de la universidad pública, la calidad educativa y el sostenimiento de servicios esenciales.
En particular, desde el relevamiento realizado la Casa de Altos Estudios alertó sobre el impacto que estas medidas tuvieron en el sistema de salud universitario, que históricamente cumplió un rol clave en la atención sanitaria.
La resolución también expresó una fuerte preocupación por la intención del Ejecutivo Nacional de derogar la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada recientemente por el Congreso Nacional, y por la continuidad de la caída salarial que atravesaron los trabajadores docentes, nodocentes y científicos, quienes ya habían perdido casi la mitad de su poder adquisitivo en los últimos dos años.
El impacto en los hospitales universitarios
En sintonía con lo expuesto, la UBA denunció un “brutal recorte” en el presupuesto destinado a sus Hospitales Universitarios, que de concretarse implicaría una reducción del 30 por ciento en términos reales respecto de 2025.
En ese sentido, la medida afectaría a instituciones estratégicas del sistema público de salud, tanto por su función asistencial como por su rol en la formación profesional y la investigación científica.
Entre los centros alcanzados por el recorte se encontraron el Hospital de Clínicas General San Martín, el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo y el Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari, todos dependientes de la Universidad de Buenos Aires. Estas instituciones atendieron en promedio a más de 700 mil pacientes por año y constituyeron una referencia sanitaria a nivel nacional.
Desde la universidad advirtieron que la reducción presupuestaria comprometería el normal funcionamiento de estos establecimientos, la adquisición de insumos, el mantenimiento edilicio y la continuidad de tratamientos, además de afectar la formación de profesionales de la salud en un contexto de creciente demanda.
Emergencia presupuestaria y salarial
En tanto, el Consejo Superior alertó que el insuficiente aumento nominal previsto para los gastos de funcionamiento, sumado a la persistencia de la pérdida salarial proyectada para 2026, profundizó el “ahogo presupuestario” que atravesó la UBA. Según señalaron, esta situación puso en riesgo no solo la calidad educativa, sino también la prestación de servicios esenciales, especialmente en el área sanitaria.
La universidad recordó que había declarado la emergencia presupuestaria y reiterado la emergencia salarial de sus trabajadores docentes y nodocentes, como consecuencia de la desactualización de las partidas asignadas y de la sostenida pérdida del poder adquisitivo. De acuerdo a los datos oficiales de la institución, los salarios habían perdido más del 45 por ciento de su valor real en comparación con diciembre de 2023.
En ese aspecto, remarcaron que la falta de una recomposición adecuada impactó directamente en las condiciones laborales, en la retención de profesionales calificados y en el desarrollo de actividades de docencia, investigación y extensión que caracterizaron históricamente a la universidad pública.
El rechazo a la derogación de la Ley de Financiamiento
Por otra parte, la resolución del Consejo Superior también rechazó de manera explícita la derogación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario, Ley 27.795, incluida en el proyecto de Presupuesto Nacional. Desde la UBA advirtieron que su eliminación “agravaría aún más” la situación crítica que atravesaron las Universidades Nacionales.
Según expresaron, la vigencia de esa norma resultó clave para garantizar previsibilidad presupuestaria, sostener el funcionamiento del sistema universitario y avanzar en la recuperación salarial de sus trabajadores. Su derogación, afirmaron, consolidaría un escenario de desfinanciamiento estructural con consecuencias de largo plazo.
Por todo ello, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires solicitó a las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación el “rechazo y/o modificación de dicho dictamen y la aprobación de una propuesta que contemple las necesidades reales de las Universidades Nacionales y la implementación plena de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario”.
Fuente fotografías: UBA.
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