Córdoba
La Cámara Federal de Córdoba ordenó profundizar la investigación sobre la apropiación del grupo empresario Mackentor durante dictadura y la responsabilidad que en ello tuvieron Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, quienes en un fallo de primera instancia habían sido sobreseídos.
En un fallo emitido este jueves , el tribunal indicó que ambos represores deben ser indagados por los supuestos delitos de abuso de poder, allanamiento ilegal de domicilio, usurpación y robo calificado, informó a Télam un vocero de los Tribunales Federales.
En la causa, en la que Videla y Menéndez habían sido sobreseídos por la entonces jueza federal Cristina Garzón de Lascano, se investiga el apoderamiento de la empresa Mackentor por parte del gobierno militar y el secuestro de sus directivos y accionistas.
Según la causa, a raíz de una investigación efectuada en aquellos años por el Ejército sobre una supuesta financiación de actividades subversivas por parte de la citada empresa, se tomaron represalias contra directivos, personal jerárquico, ex empleados o sus familiares.
Las víctimas, según el expediente, habrían sido detenidas en sus domicilios por una orden de allanamiento ilegal y luego conducidas a los centros clandestinos de detención “La Ribera” y “La Perla”, permaneciendo en cautiverio y sufriendo torturas.
A Videla y Menéndez se les atribuye la presunta comisión de los delitos de abuso de poder, allanamiento ilegal de domicilio y robo calificado en perjuicio de los accionistas del grupo empresario Mackentor.
El grupo económico se conformaba por varias empresas e inmuebles, los cuales habrían sido apropiados ilegítimamente por orden de Videla y Menéndez.
Por estos ilícitos ambos imputados fueron sobreseídos en un fallo de primera instancia, pero esa decisión fue recurrida por el Ministerio Público Fiscal.
Además, se atribuye a Videla y a Menéndez y al personal militar y civil de inteligencia que prestaba servicios en La Ribera y La Perla la comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos en perjuicio de los accionistas y empleados del grupo empresario durante su estadía en esos lugares.
