“Se acabo el misterio”

LA COLUMNA DE LA SEMANA

A un paso de la represión

El Gobierno tiene agallas” suele ser, en distintas versiones, la frase preferida de algunos militantes hiper rentados K. Una ponderación de un hipotético coraje que lo lleva a una sucesión de enfrentamientos y de medidas extremas que, a nuestro juicio, se asemejan cada vez más a un salto al vacío.

lunes, 19 de marzo de 2012

Por: LUIS DOMENIANNI

Los cortes de los accesos capitalinos generaron un caos en el tránsito y fueron cuestionados por Nilda Garré.

El Gobierno tiene agallas” suele ser, en distintas versiones, la frase preferida de algunos militantes hiper rentados K. Una ponderación de un hipotético coraje que lo lleva a una sucesión de enfrentamientos y de medidas extremas que, a nuestro juicio, se asemejan cada vez más a un salto al vacío.
Llámese coraje o temeridad, lejos, muy lejos está del suicidio. Es posible que el salto al vacío empuje al Gobierno a una crisis que barra con el apoyo que aún recibe de la población. En todo caso, la crisis será del gobierno. No de las personas que lo integran.
A esta altura del partido, fácil es deducir que no existe funcionario pobre, al menos entre los encumbrados. Así pues, cualquiera sea la eventualidad que acontezca, el peor destino para los funcionarios será un abandono de la política junto al confortable refugio que representan las cuentas bancarias abultadas, disfrazadas de múltiples formas.
Es fundamental entender este mecanismo para comprender, no sólo el grado de conflictividad que esgrime la Presidenta y sus adláteres, sino primordialmente el inmenso riesgo que implica las decisiones que toma.
Claro que, como queda dicho, ese riesgo no afecta la tranquilidad individual de los componentes gubernamentales. La experiencia demuestra que, en la Argentina, cualquier desaguisado no trae consecuencias. Salvo el caso de María Julia Alsogaray, quienes se enriquecieron durante el gobierno de Carlos Menem, prácticamente, no fueron molestados por la justicia. No hay razón para que no vuelva a ocurrir lo mismo cuando el kirchnerismo pase a la historia.
Es la impunidad, y no otra cosa, la que permite no sólo la corrupción, sino además los “manotazos” de ayer al ANSES y de hoy al Banco Central.
Y es así, porque el reconocimiento de la crisis y su correlato de política austera implican –además del riesgo electoral- el fin del festival de los funcionarios. Con austeridad y sin manotazos, se acaba el “negocio” del gasto público, de los contratos para los amigos, de los nombramientos, de los subsidios sin control que ofrecen importantes “vueltos” a quién los otorga, de los sobreprecios.
Así que la “fiesta” debe continuar hasta donde sea posible. Después, como siempre, los platos rotos los pagará el pueblo argentino. Quienes los votaron y quienes no lo hicimos.

El Banco Central

No es el único caso, pero bien puede ser el principal. La reforma que el Congreso, con su recreada mayoría automática, sanciona a tambor batiente no significa otra cosa que la posibilidad de emitir dinero sin respaldo. La “maquinita” como se la conoce popularmente.
De aquí en más, en la Argentina habrá pesos. Muchos pesos. Muchísimos pesos sin el correspondiente respaldo que asegure el valor de dichos pesos. La ya violada equivalencia entre reservas en divisas y masa monetaria en circulación queda directamente abolida.
Sólo la necesidad de financiamiento estatal, arbitrariamente decidida desde el Gobierno, determinará la velocidad de la impresión de billetes. No resulta extraño, pues, la apetencia del vicepresidente de la República por la imprenta Ciccone Calcográfica, ni la decisión de mantener como máxima denominación al ya casi inservible billete de cien pesos. También la impresión de billetes es un “flor” de negocio.
Para los argentinos, vacunados frente a cualquier reacción por la corrupción gubernamental, el riesgo no será moral, ni ético. El riesgo será material.
Desde que el mundo es mundo y desde que existe el papel moneda, la impresión de billetes sin respaldo conlleva, fatalmente, el crecimiento de la inflación. Y la inflación liquida el poder adquisitivo, en particular, de los salarios y las jubilaciones. Es decir de quienes dependen de ingresos fijos.
Si hoy el INDEC es considerado por todos, aún por los propios K, como mentiroso. A partir de ahora, deberá mentir mucho más. Si hoy la inflación real se ubica en algo menos del 2 por ciento mensual o alrededor del 25 por ciento anual, nada impide imaginar una duplicación del ritmo de crecimiento de los precios.
No por nada, el precio del dólar paralelo creció durante la semana que acaba de finalizar y no por nada, los títulos de deuda pública pagaderos en dólares resultaron los más buscados entre ahorristas y empresas.
Hay que cubrirse como sea. Es que si para quienes viven de ingresos fijos, la inflación sólo permite resignación, para quienes desarrollan actividades por cuenta propia, el riesgo implica perder capital de giro, es decir el seguro camino a la quiebra.
La inflación no sólo está para quedarse, sino para enseñorearse nuevamente en la Argentina.

El tipo de cambio

Sólo el paulatino aumento del precio internacional de la soja –el yuyo- es motivo de alegría para el Gobierno. Aunque desde el punto de vista del sector externo, dicho aumento implica una atenuación del daño.
Es que la sequía, que la Presidenta minimiza, echó por tierra las expectativas sobre la cosecha de maíz y redujo, aunque en mucho menor medida, los propios rendimientos de la soja.
Pero, junto con los menores ingresos de dólares producto de la cuestión climática, el incremento de las importaciones de gas y petróleo, producto de la irracional política energética K, desemboca en un cuello de botella. Se exporta menos y se importa más.
La combinación de alta inflación con dificultades crecientes en el sector externo desemboca, fatalmente, en una olla a presión cuya tapa puede saltar en cualquier momento.
El Gobierno optó por la variante más peligrosa: mantener baja la cotización del dólar y poner toda clase de cepos a la adquisición de divisas por parte de los particulares y las empresas.
El resultado es que el alza de precios internos se traduce en un alza de precios en dólares y, por tanto, las exportaciones argentinas pierden competitividad mientras se abaratan las importaciones, exactamente cuanto ocurrió durante las gestiones económicas de José Ber Gelbard con Juan Domingo Perón, de José Alfredo Martínez de Hoz con la dictadura militar y de Domingo Cavallo con Carlos Menem y con Fernando de la Rúa. Y en aquellas épocas, como cualquiera puede comprobar, la cosa estalló.
Como si la historia nunca hubiese ocurrido, entonces el Gobierno opta por impedir la compra de dólares y controlar las importaciones. El resultado no puede ser otro que la reducción de la producción, algo que siempre implica la pérdida de puestos de trabajo.
Es que en un país donde la casi totalidad de la industria funciona con componentes y maquinaria importada, la decisión resulta suicida.
¿Es la devaluación, pues, una solución? Nunca lo es. La devaluación es siempre un traslado artificial de ingresos de un sector a otro. Es un cambio de reglas de juego que empobrece aún más a quienes dependen de ingresos fijos.
Cierto es que a veces no queda otra alternativa. Cierto es también que estamos al borde de su inevitabilidad. Pero aún con una devaluación y sus consecuencias sociales, el remedio será inocuo sino es acompañado por una reducción del gasto público.
Con un Estado que gasta lo que no tiene y que emite dinero sin respaldo, los efectos de una devaluación son devorados a corto plazo. Entonces, comienza un ciclo devaluatorio, donde cada vez con lapsos de tiempo más cortos, hace falta nuevamente devaluar. Una película que quienes cargamos con varias décadas de vida ya vimos hasta el cansancio.
Y aún con un achicamiento del gasto público no alcanza. Hacen falta reglas de juego claras que alienten y protejan la inversión productiva, para que la producción crezca y para que, como consecuencia, se multipliquen los puestos de trabajo.
Todo un rosario de decisiones que no forman parte de la lógica K.
Habrá que creer entonces en la magia. En el conejo de la galera que permita que con alta inflación, con cuello de botella en el sector externo y con intervenciones cada día más arbitrarias del Estado sobre la economía, la cosa se endereza.

Las relaciones internacionales

Las locuras de política interna de la actual versión K, se traduce en un manual de “cómo perder amigos” en materia de política exterior.
No se trata sólo de la pantalla Malvinas, donde aparece una conflictividad con Gran Bretaña cuyo único objeto es desviar la atención sobre los problemas internos.
Ni se trata de España, donde el asunto YPF envenena los lazos. Debe tenerse en cuenta además que ambos, Gran Bretaña y España, forman parte de la Unión Europea y que un deterioro de la relación con ambos es un deterioro de la relación con el conjunto. Un punto sensible sobre todo cuando tarde o temprano habrá que renegociar la deuda con el Club de Paris.
Se trata del propio Mercosur. El control de las importaciones que lleva a cabo Guillermo Moreno por orden de Cristina Kirchner pulveriza las relaciones con los vecinos.
A diario se escuchan las voces del presidente uruguayo, José Mugica, de la presidenta de Brasil, Dilma Roussef, y del presidente chileno, Sebastián Piñera, hablar sobre la cuestión.
Todos se quejan sobre el rompimiento de reglas que la Argentina lleva a cabo. Más aun, por tratarse de presidentes, algo que no ocurre en la Argentina K, mantienen un alto grado de prudencia que, por supuesto, no se verifica en sus oposiciones, ni en sus industriales, ni en sus sindicatos.
Si seguimos así a nosotros no nos va a querer nadie. Con el agravante que, con la cara más dura que nunca, luego les pedimos solidaridad por la cuestión Malvinas.
Agreguemos a todo esto el lobby de los bonistas que no entraron en el canje sobre el Congreso de Estados Unidos donde corremos el riesgo de perder el tratamiento preferencial para las exportaciones y la decisión del Fondo Monetario Internacional de levantar su oficina en la Argentina, y nos quedamos solos.
Bueno solos no. Contamos con Chávez siempre dispuesto a financiarnos al 16 por ciento anual, diez puntos más caro que los préstamos que consigue la casi quebrada Italia, y los retóricos Raúl Castro, Rafael Correa y Daniel Ortega. También nos apoya Evo Morales siempre que le paguemos cuatro veces más caro el gas, comparado con el valor del poco que extraemos dentro del territorio nacional. Y Mahmoud Ahmadinejad, mientras hagamos la vista gorda sobre los atentados contra la Embajada de Israel –se cumplieron 20 años y no hay un solo acusado- y contra la AMIA.
Con amigos así ¿Quién precisa de enemigos?

La redistribución del ingreso

Y, por último, los piqueteros. Sabido es que cuando no hay plata, el hilo se corta por lo más delgado. Que la charlatenería sobre la justicia social y otras yerbas queda para mejor oportunidad.
Con escasez de recursos, el Gobierno decidió reducir el número de beneficiarios del Plan Trabajar. Tras casi treinta meses sin actualizar los montos que perciben -1.200 pesos- los inscriptos en cooperativas, decidió aumentar algo menos de un cincuenta por ciento –es aún menor que la inflación- sólo a 30.000 de los 150.000 beneficiarios. Del resto, claro, se ocupa la inflación.
Pero es más, quienes reciban el aumento serán reagrupados en nuevas cooperativas. Algo así como preparar el terreno, llegado el caso, para dejar a la intemperie a quienes no lo reciben.
¿Qué cual es el criterio para que algunos sí y otros no? Pues, la amistad de los punteros e intendentes. Sin dudas, el disfraz es la antigüedad y la productividad. La antigüedad es consecuencia de esa misma amistad y la productividad jamás fue medida, ni siquiera se establecieron parámetros para medirla.
Ahora pues la redistribución del ingreso es selectiva. No importa la necesidad, sólo la adhesión. Con dinero público, claro.
Todo con una gota que rebalsó el vaso. El viernes pasado varias organizaciones piqueteras cortaron los accesos a Buenos Aires para exigir quedar incluidas. La respuesta del Gobierno por boca de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, fue que se trataba de un corte “extorsivo”.
Dos claros indicios de la nueva redistribución de la riqueza. De quienes la piden ya no se ocupa más la ministro de Acción Social, Alicia Kirchner, sino la de Seguridad, Nilda Garré. Y de aquel “jamás criminalizaremos la protesta social”, pasamos a la calificación de extorsión, delito cuya pena en el Código Penal es de cinco a diez años de prisión.
A un paso de la represión.

FUENTE : DEMOCRACIA DE JUNIN