Las pericias a la formación del ferrocarril Sarmiento siniestrada el miércoles pasado en la estación Once, donde murieron 51 personas, comenzarán “entre mañana y pasado”, informaron fuentes judiciales, al tiempo que confirmaron que de los estudios participarán expertos oficiales y aquellos profesionales que fueron designados “peritos de parte”.
Los puntos de pericia “tienen que ver con el estado general de la unidad, mantenimiento y calidad de los materiales con que se ha reparado”, dijeron a Télam fuentes allegadas a la investigación, quienes señalaron que los trabajos estarán a cargo de dos expertos designados por la Universidad de Buenos Aires y un tercer profesional integrante del cuerpo de peritos de la Corte Suprema.
Participarán, además, los “peritos de parte” designados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la empresa TBA, la Secretaría de Transporte y por la defensa del motorman Marco Antonio Córdoba, conductor de la unidad de la ex línea Sarmiento que protagonizó el siniestro el miércoles pasado.
Este lunes la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó que las pericias establezcan por qué ocurrió el accidente y las responsabilidades “directas e indirectas” en “no más de 15 días”.
No obstante, la mandataria señaló: “No le estoy poniendo plazo a nadie, es que los 40 millones de argentinos y los familiares de las víctimas deben saber qué paso y quiénes son los responsables”.
Respecto a la investigación, en tanto, el juez federal Claudio Bonadio, a cargo de la pesquisa, tomará declaración testimonial a sobrevivientes de la tragedia, aunque esos dichos fueron relativizados en su “contundencia probatoria” ya que “estos casos de shock postraumático pueden generar confusiones en detalles que pueden, o no, ser relevantes”, explicaron las fuentes.
Pese a la reserva del expediente impuesta por el magistrado, los voceros judiciales añadieron que Bonadio también avanzará en la investigación respecto de la “cadena de responsabilidades en el nivel de toma de decisiones para establecer autorías mediatas o participación necesaria en el delito de estrago”.
Por otra parte, respecto a los informes que indicaban que el motorman Córdoba tenía 13.0 mg/dl de alcohol en sangre, las fuentes explicaron que “eso, técnicamente, significa que no tenía concentración de alcohol” ya que hasta ese umbral los estudios no tienen sensibilidad, según el método FPIA que fue el utilizado.
Según ese método, cuando el porcentaje es menor a 50 se presenta “sin signos químicos”, de 50 a 150 demuestra “euforia, excitación”, de 150 a 250 “vértigo y agresividad” y más de 250 “coma alcohólico”.
Los estudios se realizaron en la Clínica Médica Integral Fitz Roy, donde Córdoba ingresó “sin déficit neurológico, clínicamente estable, orientado en tiempo y persona, angustiado y con policontusiones”, según el informe con que cuentan los investigadores.
LA COLUMNA DE LA SEMANA
La corrupción mata
Indignación. No cabe otra actitud. Por el absurdo “accidente” de la estación Once. Indignación por la indiferencia de la “concesionaria”. Indignación por la pretensión de inocencia del Gobierno nacional. Indignación por las maniobras para tornar culpable a un simple trabajador ferroviario.
lunes, 27 de febrero de 2012
Por: Luis Domenianni
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La tragedia ferroviaria vuelve a poner sobre el tapete las concesiones de las empresas públicas y la falta de controles del Estado.
Indignación. No cabe otra actitud. Por el absurdo “accidente” de la estación Once. Indignación por la indiferencia de la “concesionaria”. Indignación por la pretensión de inocencia del Gobierno nacional. Indignación por las maniobras para tornar culpable a un simple trabajador ferroviario. Indignación por un juez que anula pruebas contra un ex secretario de Transporte. Indignación porque el mismo juez ultrakirchnerista pretende adueñarse de la causa por el “accidente”. Indignación por la presentación del Gobierno como querellante. Indignación.
Desde hace ya largas semanas, estas columnas dejaron de reflejar la indignación de quién escribe por la corrupción vigente. Fue una omisión por impotencia. Al 54 por ciento de los argentinos poco le importó, a la hora de votar, las maniobras y el enriquecimiento del aún suelto -y más kirchnerista que nunca- ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime.
Al 54 por ciento de los argentinos tampoco le importó el escándalo de la constructora de las Madres de Plaza de Mayo -línea Bonafini. Ni les preocupó el caso Skanska. Tampoco la embajada paralela en Venezuela. Ni las valijas con dólares de Antonini Wilson. Ni la mafia de los medicamentos truchos. Ni los auto subsidios de la ONCAA de Ricardo Echegaray para sus “feeds lots” familiares. Ni el desmadre de Aerolínas Argentinas. Ni el enriquecimiento súbito, y paralelo a la gestión, de la familia Kirchner.
Esa omisión por impotencia, llevó hasta soslayar el desvergonzado caso de Ciccone Calcográfica que contiene, nada menos, que al vicepresidente de la República, Amado Boudou, quien “no es traidor”, pero es, cuando menos, sospechoso, ampliamente sospechoso de corrupción.
Pues bien, nunca más. La omisión terminó. Porque los muertos y los heridos de la tragedia de la Estación Once del Ferrocarril Sarmiento son muertos y heridos por la corrupción.
Ferrocarriles, uno
Sin duda, fueron Carlos Menem y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, los autores responsables del desguace de los ferrocarriles argentinos.
Como todas las que se llevaron a cabo por aquella época, la de los ferrocarriles fue una privatización teñida por falta de controles, laxo marco regulatorio, fuerte presencia de los empresarios beneficiados en los organismos de control, casi ningún compromiso de inversión, tercerización de actividades y cosas por el estilo que solo auguraban un peor servicio para los usuarios y un mayor negocio para los empresarios.
Nadie pudo probar lo contrario, pero cuesta creer que Menem, Cavallo y Roberto Dromi, el experto jurista que “dibujó” las privatizaciones, hayan actuado de buena fe. Casi imposible.
Más allá de gestos simbólicos protagonizados por Néstor Kirchner, hoy en el arcón del olvido: los gestos y Néstor Kirchner, la política ferroviaria K es una continuidad “aumentada y no corregida” de la puesta en práctica por el menemismo.
Si Menem, Cavallo y Dromi regalaron los ferrocarriles sin exigencias a cambio, el kirchnerismo de Néstor y de Cristina, fue mucho más allá. Decidió premiar con dinero -proveniente de los contribuyentes, claro- a sus concesionarios.
Subsidios para abaratar el costo del pasaje y subsidios para pagar los salarios de los trabajadores ferroviarios. Semejante generosidad tuvo como protagonista principal, pero no único, al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime.
Jaime jamás se preocupó por controlar a los concesionarios. Por el contrario, se ocupó de cobrar su “vista gorda”. Viajes a diferentes destinos, uso permanente de un avión privado -casi como propio, vio-, crucero para navegación de placer, residencia en Córdoba y “comodato” de un departamento de lujo en Buenos Aires, fueron los “diezmos” que percibió este “sacrificado” funcionario público.
Claro que Jaime, jamás estuvo solo. Junto a su vista gorda, funcionaba la vista gorda del ministro Julio de Vido y del presidente Néstor Kirchner, sucedido luego, en la presidencia y en la vista gorda, por Cristina Kirchner.
Y la solidaridad fue tal que, cuando la olla de Jaime quedó destapada, el encargado de investigarlo -sorteo mediante, por supuesto- fue Norberto Oyarbide quien, en el colmo de la impunidad, resolvió, el mismo día de la tragedia de Once, anular varias pruebas que incriminaban al protegido.
Horas después. Sólo horas después de la tragedia, Oyarbide resolvió que los correos electrónicos que forman parte de las pruebas contra Jaime no deben ser tenidos en cuenta en la causa porque descubrió que la Policía Federal no cumplió “con resguardo” su obligación de preservar la computadora.
La dureza de rostro de Oyarbide le alcanza y le sobra para desechar ahora, justo ahora, cuanto antes admitió como válido. Y el Gobierno, impávido. Como si la Policía Federal no dependiese del Ministerio de Seguridad de Nilda Garré, ahora, y de Aníbal Fernández, antes.
Ferrocarriles, dos
Jaime conserva todo, hasta su libertad, pero no pudo conservar el cargo. Lo reemplazó Juan Pablo Schiavi, otrora macrista devenido rápidamente en kirchnerista, cargo de por medio.
Y Schiavi en nada modificó lo anterior. Continuaron los subsidios y faltaron los controles. Pero Schiavi, tardío pero ejemplar discípulo del kirchnerismo, se convirtió en el “gran anunciador”. Un proceso que arrancó antes de su llegada pero el nuevo secretario perfeccionó.
Así, fueron anunciados muros de contención a lo largo del recorrido del Sarmiento que, varios años después, aún no están concluidos. Así, fue anunciado, en innumerables oportunidades, el soterramiento del mismo ferrocarril que continúa circulando al nivel de la tierra. Así fueron anunciadas, en seis oportunidades, la incorporación de 25 formaciones de doble piso, pasaron los años y hasta ahora solo circulan cuatro. Así, se proclama una búsqueda de seguridad, pero faltan los banderilleros. Así la proclamada frecuencia de ocho minutos, es en realidad de quince con hartas suspensiones de servicios. Así, la establecida longitud de las formaciones conformadas por nueve vagones, se limita a ocho. Así, está el Sarmiento.
Schiavi debe ahora, por encargo de la Presidenta, trastocar su rol. De “gran anunciador” debe convertirse en “gran justificador”.
Como no tuvo tiempo de ensayar, lo hace en público. Así, por ejemplo, dijo que la tragedia fue obra del destino porque ocurrió un día laborable posterior a un feriado, “si hubiese ocurrido un día antes, no hubiese sido tan grave”. Así, por ejemplo, dijo que la gran cantidad de muertos y heridos se debe a la “costumbre” argentina de agolparse en el primer vagón cuando el tren llega a destino.
Semejantes estupideces y desubicaciones motivaron hasta una dura respuesta de la ultra kirchnerista Hebe de Bonafini, quién calificó a Schiavi de pel… y comentó que los argumentos del secretario de Transporte le provocaban “vergüenza ajena”.
Pero Bonafini fue más allá. Reclamó una estatización y aclaró que tal vez su discurso no sea del agrado de la Presidenta. No sonó a verdadero. Ni cuando atacó como corruptos a Jaime y a Schiavi por aquello del “muerto que se ríe del degollado”. Ni cuando ofreció la “solución” estatal.
Es que en la búsqueda desesperada de un culpable, el Gobierno intenta todo. Siempre preocupado por el relato, jamás por la verdad, el kirchnerismo junto con sus socios de la empresa concesionaria intentaron primero la carta de la culpabilidad humana.
El intento fracasó porque el test de alcoholemia efectuado al conductor de la formación dio negativo y porque la causa no está en manos de Oyarbide, quien presuroso la solicita invocando un antecedente de denuncia contra los concesionarios que obra en su juzgado.
Claro que si el conductor no es el culpable, otro debe serlo. Y en esta historia de aliados que dejan de serlo, de beneficiarios del capitalismo de amigos que pasan a ser enemigos, la culpabilidad recaerá sobre los hermanos Claudio, Mario y Roque Cirigliano.
La táctica no es nueva. El banquero de Kirchner fue Jorge Brito, hoy es acusado por Guillermo Moreno como quien fomentó la corrida cambiaria del año pasado. El petrolero de Kirchner era Enrique Eskenazy, al punto que, Kirchner mediante, compró una parte de YPF sin poner capital, hoy es el enemigo número uno del Gobierno, por encima del propio Hugo Moyano. El industrial amigo era Ignacio de Mendiguren, hoy la Unión Industrial que preside es el objetivo a destruir. Obviamente, el sindicalista preferido fue don Hugo a quien hoy ni se le dirige la palabra.
Confiar en el kirchnerismo puede ser un pingüe negocio cuyo precio es una vida de sobresaltos.
Ahora les toca a los Cirigliano. Zafaron del escándalo Jaime -eran ellos los que sufragaban los gastos de lujo del ex secretario- pero difícilmente zafen de la tragedia de Once.
Entonces, volvamos a Bonafini. Su reclamo de estatización ¿Es un reclamo o es un globo de ensayo inflado desde el Gobierno? No es difícil inclinarse por lo segundo dada la particular vulnerabilidad de la señora, contra las cuerdas tras su negociado con las viviendas populares.
A estatizar
Es la nueva consigna que, por estos días, se ensaya. Claro que, para estatizar hace falta dinero. Y el dinero, no está.
No es el caso del ferrocarril Sarmiento, donde son tantos los incumplimientos que alcanza con un retiro de concesión. Claro que después hay que invertir en todo aquello que los Cirigliano no invirtieron bajo la pasividad cómplice del Gobierno. Pero, ese es otro cantar. Siempre será posible, sin esfuerzo, convencer a La Cámpora de hacerse cargo, dada su jugosa experiencia en Aerolíneas Argentinas. En ese caso, mejor que nada es intervenir. La concesionaria continúa nominalmente en manos de los Cirigliano y La Cámpora administra en nombre de ellos, sin las fatigantes obligaciones del derecho público.
Sí, en cambio, puede ser el futuro de YPF. Salvo un detalle, todo está a favor. Desde lo ideológico, Cristina se probaría una nueva “pilcha progresista” al hacer el anuncio el próximo 1 de marzo cuando inaugure las sesiones ordinarias del Parlamento. Desde lo práctico, representa incorporar una nueva “caja” luego del agotamiento del ANSES y del Banco Central.
El Gobierno somete diariamente a YPF a exigencias de todo tipo. Lo hace para bajar la cotización de la acción a fin de, eventualmente, pagar menos por ella. Sin embargo, la estrategia está a punto de ser abandonada.
Ocurre que difícilmente la estatización de YPF cueste menos de 10.000 millones de dólares y esa plata no está. Pero, además ocurre que no es ni siquiera imaginable hacer un “paga Dios”. El riesgo es perder el asiento en el G20, algo que la Presidenta atesora como su tribuna internacional.
También aquí se impone, pues la intervención: no se paga nada y se maneja todo. Habrá que ver cómo reacciona el socio español, Repsol. Pero, son tantos los aprietes que, por estos días, lleva a cabo el Gobierno que no resultaría extraño una retracción silenciosa de los españoles.
Desde exigencias de los gobernadores sobre aumento de producción -hasta hace dos meses ni abrían la boca- hasta multas de la AFIP, pasando por la imposición de directores e irrupciones gubernamentales en las reuniones de directorio, toda la clásica batería de hostigamiento K -harto repetida pero no por ello poco eficaz- puede ser suficientes para doblegar cualquier resistencia. Es la política de la extorsión envuelta en la absoluta impunidad.
Para corroborar la posibilidad de la intervención basta con echar una ojeada sobre las cifras de YPF. Factura 75.000 millones de pesos al año y paga al Estado en concepto de regalías 28.000 millones. El resto es pago a contratistas y asalariados, inversiones y ganancias. O sea, 47.000 millones de pesos anuales que manejaría… La Cámpora.
Boudou
Así como la Presidenta aún no abrió la boca para referirse a la tragedia de Once -ella sólo habla cuando puede dictar cátedra-, el “cantante” Boudou hace mutis por el foro respecto de su vinculación con Ciccone Calcográfica.
La desfachatez es tal que no cabe otra palabra. Ciccone estaba en estado de quiebra. Quiebra a todas luces fraudulenta, luego de la participación de la empresa en una falsificación de dinares -la moneda de curso corriente- del emirato de Bahrein en el Golfo Pérsico, durante la era -obviamente- de Carlos Menem.
Pues bien, en tiempo record, un monotributista levantó la quiebra. En tiempo record, la AFIP consintió dicho levantamiento. En tiempo record, la empresa del monotributista compitió por un contrato de 50 millones de dólares para imprimir dinero argentino. En tiempo record, el gerente general del Banco Central recomendó la contratación directa de la empresa del monotributista.
La necesidad de imprimir billetes de cien pesos tiene origen en la imposibilidad material de hacerlo en la cantidad necesaria por parte de la Casa de Moneda. Por supuesto, que otra empresa argentina está en condiciones de hacerlo y también los puede imprimir Brasil, como ya se hizo. Pero, esos no eran inconvenientes para el vicepresidente, porque el monotributista que levantó la quiebra es su amigo de juergas de juventud y de militancia en la UCEDE de Alvaro Alsogaray, y porque el gerente general del Banco Central, era su otro amigo de juergas y militancia.
Puede ser una exageración pero así resulta sencillo entender porqué el Estado argentino se niega a imprimir billetes de mayor denominación -500 y 1.000 pesos- que resolverían el problema de la Casa de Moneda. Claro que la decisión no es del Vicepresidente, sino de la Presidenta ¿Serán socios en Ciccone?
Ahora Boudou entró en el “freezer”. La Presidenta le dio la orden de silencio. Su acatamiento es una auto inculpación sin atenuantes. Y los enemigos internos del vicepresidente alzaron vuelo. Moreno no para de defenestrarlo en público, Mercedes Marcó del Pont, ahora aliada con Moreno, impuso un nuevo gerente general en el Banco Central y Axel Kicillof, el chico de La Cámpora en Economía, va por la cabeza de Hernán Lorenzino.
Y, por las dudas, está… Oyarbide, sobre quién recayó la causa de Ciccone. Toda una garantía de “cirugía hasta el hueso”.
¿Una lección?
Tal vez los argentinos aprehendamos que no se puede, ni se debe vivir, rodeados de corrupción. Si no lo asimilamos, tragedias como la de Estación Once se reproducirán, inevitablemente. Cincuenta y una vidas se interrumpieron porque algunos se enriquecieron incumpliendo con sus obligaciones.
La lección es corta. Sumamente corta. Sólo tres vocablos: la corrupción mata.
FUENTE : DEMOCRACIA DE JUNIN