“El presidente tiene la intención de darles facultades a los municipios para controlar con poder de policía a los comercios, mercados y negocios en nombre del abastecimiento y la defensa de la competencia.
Por Eduardo “Lalo” Creus – Cjal Juntos por el Cambio
Así los intendentes además de multar, podrían clausurar y hasta decomisarles la mercadería de depósitos de los comercios que estén acusados de incrementar de manera “ilegal” sus precios, todo a criterio administrativo del municipio, y a criterio político del intendente.
Esto es sumamente peligroso si se aplica como ley general donde se mezclan intendentes y gestiones locales muy diversas.
Es peligroso en el conurbano en general y aún más tremendamente peligroso en el caso de La Matanza donde la informalidad masiva es ley, donde la desigualdad en el comercio tiene como norma a amplios sectores con altísimas cargas tributarias nacionales, provinciales y municipales de un lado y una informalidad, precariedad e ilegalidad en zonas enteras que parecen desarrollarse por fuera de la planificación y el control municipal.
En nuestro municipio proliferan los servicios truchos de transporte, de comercio, de ventas truchas de tierra para loteos e incluso de servicios de recolección de residuos truchos.
También proliferan las denuncias sobre la corrupción de las distintas áreas de gestión y control municipal.
De la misma medida que empresarios locales han denunciado pública y judicialmente la extorsión y el apriete para poder desarrollar su actividad comercial y empresarial lo está denunciando desde hace años la empresa COTO, en La Matanza nacional y popular tuvieron la tranquera abierta de par en par todas las grandes cadenas multinacionales y hasta los muy cuestionados y numerosos supermercados chinos y a la única empresa nacional del sector decidida a hacer inversiones acá le cerraron la puerta.
Empresas que tenían pensado hacer su inversión productiva en nuestro municipio han decidido irse o cambiar de decisión motivados por toda esta realidad.
Es muy mala noticia que una gestión que demuestra constante fracaso en el ordenamiento territorial y en la gestión para la calidad de vida de nuestros vecinos tenga ahora más facultades aun discrecionales de utilidad política para decidir quién sí y quién no”.
